El precepto atribuye eficacia probatoria «inter partes», es decir, en el ámbito de las relaciones entre los cónyuges, o más concretamente de uno frente al otro, pero preservando los intereses de los herederos forzosos y de los acreedores para no blindar situaciones de posibles fraudes (en este sentido, SAP Madrid, Civil, sección 8ª, de 08 de marzo de 2016).

Naturaleza ganancial de los bienes

Por su parte, el Artículo 95 Reglamento Hipotecario, en su número 4, señala que “Si la privatividad resultare sólo de la confesión del consorte, se expresará dicha circunstancia en la inscripción y ésta se practicará a nombre del cónyuge a cuyo favor se haga aquélla. Todos los actos inscribibles relativos a estos bienes se realizarán exclusivamente por el cónyuge a cuyo favor se haya hecho la confesión, quien no obstante necesitará para los actos de disposición realizados después del fallecimiento del cónyuge confesante el consentimiento de los herederos forzosos de éste, si los tuviere, salvo que el carácter privativo del bien resultare de la partición de la herencia”.

Explica la SAP de Madrid, Civil, sección 20ª, de 17 de marzo de 2014, Ponente: RAMON FERNANDO RODRIGUEZ JACKSON que el artículo 95.4 RH “ha sido interpretado por la doctrina en el sentido de que a los herederos forzosos del confesante no les afecta la confesión siempre y cuando concurran dos requisitos: que el cónyuge beneficiado por la confesión no acredite el carácter privativo del bien por cualquiera de los medios de prueba admitidos en nuestro ordenamiento, ya que la confesión «por sí sola» no es bastante frente a legitimarios y acreedores, sino que son necesarias otras pruebas; y que los herederos forzosos acrediten que esa confesión perjudica a su legítima puesto que si no hay perjuicio, carece de sentido su intervención en el acto dispositivo llevado a cabo por el cónyuge viudo o por su heredero. Si falta alguno de los dos requisitos, los indicados terceros tienen que pasar por la manifestación de privaticidad realizada por el cónyuge fallecido”.

Disolución de gananciales previa a la partición

Las acciones de disolución de gananciales y partición e herencia pueden acumularse y tramitarse en el mismo procedimiento sin perjuicio de cumplir con todas las especificaciones referidas a cada proceso y por ello la determinación de si es o no ganancial cada bien inmueble.

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Valoración de la prueba

En primer lugar hemos de indicar que el Tribunal de apelación es soberano para valorar la prueba practicada y, por lo tanto, apreciarla, de forma divergente, a la efectuada por el Juez de Primera Instancia.

Ello es así, dado que la apelación se configura como «revisio prioris instantiae» o revisión de la primera instancia, que atribuye al tribunal de la segunda, el control de lo actuado en la primera, con plenitud de cognición, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio fácti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris).

En este sentido, podemos citar las SSTS de 15 de junio y 15 de diciembre de 2010. En definitiva, como señala la STS de 21 de diciembre de 2.009 “el órgano judicial de apelación se encuentra, respecto de los puntos o cuestiones sometidas a su decisión por las partes, en la misma posición en que se había encontrado el de la primera instancia«.

A mayor abundamiento y siempre en el mismo sentido, la STS de fecha 14 de junio de 2011, Ponente: Rafael Gimeno Bayón- Cobo, nos dice “también conviene dejar constancia expresa de que el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil «En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o una sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación«.

Todo esto ha sido interpretado por la doctrina en el sentido de que, como indica el apartado XIII de la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil «La apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada», afirmándose en la sentencia 798/2010, de 10 diciembre, que el recurso de apelación se configura en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil como una revisio prioris instantiae o revisión de la primera instancia, que atribuye al tribunal de la segunda el control de lo actuado en la primera con plenitud de cognición «tanto en lo que afecta a los hechos como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris [cuestión jurídica]), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas aplicables al caso». (…)Esta revisión comprende la valoración de la prueba por el tribunal de apelación con las mismas competencias que el tribunal de la primera instancia, sin que quede limitada al control de racionalidad que opera en el ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal, razón por la que la Audiencia Provincial en modo alguno se excedió al valorar la prueba testifical de forma diferente a la de la sentencia del Juzgado.”

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